El Consejo de Ministros ha recibido un informe del ministro de Educación, Cultura
y Deporte sobre el Anteproyecto de Ley Orgánica para
la mejora de la calidad educativa, que
modificará la Ley Orgánica de Educación de 2006.
Ésta es, a juicio de la vicepresidenta del
Gobierno, una de las principales reformas estructurales del programa de
Gobierno y sus dos objetivos fundamentales son "de un lado fortalecer la formación integral de los ciudadanos
desde la educación y de otro conseguir que nuestro sistema educativo sea
una mejor plataforma para conseguir un empleo, es decir, conectar las aulas con
el empleo".
El ministro José Ignacio Wert ha explicado que
dicha reforma "no sólo busca
conseguir resultados educativos, tener jóvenes mejor educados, mejores
ciudadanos, más solidarios, generar más inclusión sino que también atiende,
como objetivo, la mejora del empleo y mejora de la competitividad".
El ministro ha repasado las fortalezas del
sistema educativo en España entre las que ha citado la tasa de educación
infantil, un 96%, entre las más altas de la UE; los incrementos en
inversión educativa, "espectaculares" en los últimos años; el gasto
por alumno en la educación pública que alcanza los 10.094 dólares al año
(que corresponden a 7.777€), un 21% más que la media de la OCDE; y los
ratios efectivos en la relación alumno profesor.
Sin embargo, también ha detallado
las debilidades del sistema que la reforma pretende combatir para
mejorar la inclusión y la cohesión de la sociedad española de forma que "el derecho a la educación no
quede en una mera enunciación retórica, si no que sea algo real y efectivo al
alcance de todos los jóvenes".
Hay que superar, ha dicho Wert, el
abandono educativo temprano, cuya tasa que es del 26,5%, lo que representa
el doble de la media de la UE. Esa es, en opinión del ministro, "la mayor quiebra de la equidad de
la que adolece nuestro sistema educativo", pues "un sistema educativo
que no permite alcanzar objetivos mínimos a más de la cuarta parte de los
chicos y las chicas que están en él, es un sistema educativo en el que la
dimensión de equidad, es decir, la igualdad de oportunidades y la aspiración a
la igualdad de resultados, fracasa radicalmente".
Otra de las carencias citadas por el ministro
son los "muy mediocres y
desiguales resultados que tenemos en PISA" y las diferencias en
el rendimiento educativo entre las diferentes Comunidades Autónomas.
A fin de superar las debilidades del sistema
educativo español, el ministro ha explicado que se flexibilizan y adelantan los itinerarios educativos a
través de la conversión de cuarto curso de la ESO en un curso de iniciación al
Bachillerato o a la Formación Profesional y de los programas de Formación
Profesional Básica.
Se
moderniza la Formación profesional de grado medio y se refuerza la atención
personalizada a los alumnos y el aprendizaje de lenguas extranjeras.
Se
residencia en el Estado el establecimiento de las competencias básicas en la
educación,
el establecimiento de los criterios de evaluación, así como el de los
contenidos en una proporción del 65% en las Comunidades Autónomas que tengan
lengua cooficial y del 75% en las que no la tengan.
Se
refuerzan las asignaturas instrumentales: Lengua, Matemáticas, Inglés
y Ciencias pues su dominio es, a juicio del
ministro, "el cimiento sobre el que se edifica la capacidad de seguir
aprendiendo a lo largo de la vida".
La
evaluación se configura como un requisito de rendimiento y se implanta en todas
las fases del sistema, aunque con características y objetivos distintos, y se
incrementa la autonomía de los centros.
Esta reforma, ha concluido el ministro, "mira hacia
delante y mira hacia fuera", y es "eminentemente
práctica, sensata, gradual, instrumental y, desde luego, en modo alguno
ideológica".
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